Admitida querella contra 12 altos cargos del gobierno Valcarcel por la supuesta trama piramidal del “Ente Público del Agua”
Unos 26 convenios en toda la región podrían ser ilegales al no tener dotación de agua avalada por la Confederación Hidrográfica del Segura
El Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia ha admitido a trámite la querella presentada por el firmante del convenio de El Raiguero, Manuel Núñez Arias. En ella se denuncia la “supuesta existencia de una organización piramidal liderada por el ex presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia Ramón Luis Valcárcel”.
Se trataría de la recalificación ilegal de más de 180.000 metros cuadrados de terrenos rústicos en toda la región, que pasarían a ser terrenos urbanizables.
La cuestión está en que es preceptivo para las recalificaciones el informe favorable de dotación de agua, que solo puede emitir en la región de Murcia, la Confederación Hidrográfica del Segura, y que en casi todos los casos sería desfavorable por no eixtir realmente el agua necesaria.
Para eludir esto, según parece, El gobierno regional de Valcarcel creó el “Ente Público del Agua”, desde donde se certificaba la concesión de caudales de agua procedentes de la desaladora de Escombreras.
De confirmarse esto, convenios urbanísticos firmados al menos en 26 municipios de toda la región (entre ellos el de Totana), se verían afectados, declarándose ilegales a no tener el imprescindible informe de la Conederación Hidrográfica del Segura.
Se calcula que la firma de estos convenios han supuesto unos ingresos de unos 2.500 millones de euros para los municipios conveniantes.
La querella va dirigida contra doce altos cargos de los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel, entre los que se encuentran los ex consejeros Antonio Cerdá, Joaquín Bascuñana, Fernando de la Cierva y José Ballesta, entre otros.
En la investigación judicial del número 9 de Murcia, quedaría excluido Valcarcel al estar aforado por ser diputado del Parlamento Europeo.
Manuel Núñez Arias lleva años reclamando al Ayuntamiento de Totana la devolución de los 2,5 millones de euros aportados por el convenio de El Raiguero, más otros tantos en concepto de intereses.
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