Un Pacto por las Infraestructuras ante la grave situación provocada por el cierre ferroviario de la Región
El presidente de la Comunidad se reunió con el portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril y solicitó una reunión urgente con la ministra de Transportes "para que corrija su postura"
“Aunar todas las voces, organismos y entidades posibles para cambiar los planes del Gobierno central de cerrar las vías del tren durante casi tres años y medio”. Este es el fin del denominado Pacto por las Infraestructuras de la Región de Murcia que impulsará el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que recientemente se reunió con el portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la Región de Murcia, Antonio del Campo.
Este plan recoge que existen otras soluciones técnicas perfectamente viables a ese cierre inminente del servicio de Cercanías “y por eso queremos evitar el maltrato a la Región y su aislamiento ferroviario a causa de decisiones injustas y arbitrarias que se toman a cientos de kilómetros”, según explicó el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga.
En la citada reunión se abordaron “con preocupación” los planes del Ministerio de Transportes de suspender desde octubre la línea de cercanías entre Murcia, Lorca y Águilas. Asimismo, coincidieron en que es compatible la modernización del ferrocarril con el mantenimiento de la línea de cercanías.
Igualmente, el titular de Fomento anunció que el presidente López Miras pediría una reunión urgente con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para, de la mano de la Plataforma, “solicitarle que recapacite y retire esta medida tan perjudicial para la Región de Murcia”.
“Hay que recordar que el cambio de planes del Gobierno central se ha producido ahora y de forma drástica, ya que antes estaba previsto que las obras se realizaran tal y como reivindicamos: manteniendo los servicios”, subrayó el consejero, quien afirmó que el Pacto propuesto por la Comunidad “busca recoger el clamor popular y el rechazo social a que se interrumpan los servicios de tren y nos convirtamos en una isla ferroviaria”.
“Esto no debería ser una confrontación política”, afirmó el consejero, “sino que estamos hablando de servicios públicos que, de ser suspendidos, cambiarían drásticamente los hábitos de la movilidad de los ciudadanos”. Así, destacó, “los ciudadanos tendrían que optar por el vehículo privado, lo que colapsaría aún más la A-7 y traería más atascos, más accidentes y más emisiones contaminantes”.
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