La Plataforma de Afectados por la Línea de Alta Tensión exige responsabilidades penales
Se está estudiando la presentación de una denuncia ante la Audiencia Nacional al Secretario de Estado del año 2015
La Plataforma de Afectados por la Línea de Alta Tensión, que lleva ya más de 30 días de encierro en el Consistorio local, ha iniciado ya acciones judiciales a través de la interposición de varios recursos por la vía judicial.
Así lo explica el abogado de la misma, Diego de Ramón, que denuncia que es “una vergüenza local y regional que nos encontremos aquí, con el presidente de la Plataforma de Afectados por la Línea de Alta Tensión de la Catenaria del AVE a su paso por Totana defendiendo a 395 afectados, e indirectamente a muchos más porque la contaminación no tiene una superficie delimitada, es libre y circula como el viento”.
Al respecto, el letrado se refiere a un hecho descubierto recientemente por varios vecinos afectados y que ha cambiado el curso de las acciones de la Plataforma: la existencia de intensos campos electromagnéticos en la zona.
“Ha sido hace tres semanas cuando los propios afectados han detectado cerca de las torres de la subestación de la red eléctrica española, un campo electromagnético. En la aplicación de tierra y en el aire, esas capas han creado una conducción eléctrica que hace que unos tubos de neón se encienden sin estar enchufados a ningún sitio”, explica De Ramón.
Esto, claro está, está prohibido por la Organización Mundial de la Salud ya que “una exposición larga a ese tipo de esos campos electromagnéticos produce alteraciones y enfermedades nuevas y peligrosas. Hecho que también afectaría a los cultivos de esa zona que se exportan a multitud de sitios así como al ganado de la zona”.
Es por ello por lo que desde la Plataforma de afectados se pide una investigación a fondo y la responsabilidad penal que corresponda.
En relación a esto, ya se ha presentado un escrito a la Secretaría de Estado pidiendo la nulidad de la declaración de impacto medio ambiental aprobada en febrero de 2015. Hecho que se hace ahora “porque hasta hace nada no se tenían constancia de la existencia de esos campos electromagnéticos”, asegura De Ramón.
En este sentido, explican que también se ha mandado un informe al Seprona para que estudie todas estas “irregularidades”.
"La Constitución Española me permite dudar de las instituciones nacionales. Si este problema con ADIF pasa en tierras catalanas, eso no hubiera ocurrido igual. Esto es una Comunidad uniprovincial pequeña, y Totana es un pueblo pequeño y aquí ADIF es grande”. Y es por ello que se ha decidido ir más allá dirigiéndose a la Dirección General de Medio Ambiente, con sede en Bruselas, y a la ya citada Organización Mundial de la Salud: “pongo en duda la financiación de este proyecto, financiado por fondos europeos y pido que se investigue la tolerancia de los humanos, cultivos, animales…a esos campos electromagnéticos”.
“Si esto se financia con fondos europeos, creo que Europa no va a permitir que haya daño humano y al medio ambiente y creo que podrán medios”, sentencia.
Asimismo, otra de las acciones que se está estudiando jurídicamente, es si cabe presentar ante la Audiencia Nacional una denuncia contra el Secretario de Estado, del año 2015, Federico Ramos del Alma, por un delito penal por haber aprobado la declaración de impacto medioambiental del proyecto sin dar espacio de audiencia a los afectados para que pudieran recurrir. Esta acción se va a llevar a cabo esta semana.
Por lo tanto, Diego De Ramón, explica que se han interpuesto recursos ante la Organización Mundial de La Salud, el Seprona, la Audiencia Nacional y la Comunidad Europea, entre otros.
Ahora lo que resta es esperar respuesta a todas estas acciones por parte de las instituciones, que el letrado espera que sea en unos plazos que vayan de uno a cuatro meses; mientras los afectados siguen su encierro en el Consistorio de la localidad.
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