Los menores con medidas judiciales realizarán en Totana prestaciones en beneficio de la Comunidad
Facilitando su inclusión a través de un convenio entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Federación de Municipios
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta de la Concejalía de Bienestar Social por la que el Ayuntamiento de Totana se adhiere al convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad y la Federación de Municipios de la Región, para que los menores con medidas judiciales puedan realizar prestaciones en beneficio de la comunidad en esta localidad.
Tal y como explican fuentes municipales, la Prestación en Beneficio de la Comunidad, PBC, es una medida judicial impuesta por el Juzgado de Menores que consiste en desarrollar una actividad durante un cierto número de horas en beneficio de colectivos específicos. El objetivo es restituir el daño que estas personas han ocasionado a la sociedad y facilitar su inclusión dentro de su entorno más cercano.
Este tipo de medidas, indican las mismas fuentes, son dictadas por el Juzgado de Menores y beneficiarán, en la actualidad, a medio centenar de adolescentes y jóvenes infractores por conductas de vandalismo, con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años de edad, y mayoritariamente hombres; un 42 por ciento menos que la cifra registrada durante el pasado año.
Con esta medida, se trata de que los menores sean conscientes del perjuicio que han causado en el municipio y a sus propios vecinos para que aprendan de sus errores y puedan reparar el daño causado.
Para ello, señalan desde el Consistorio, cuentan con el apoyo de la figura de un educador, quien se encargará de que la medida repercuta en su reinserción y de que ésta sea equitativa a la infracción cometida y a las necesidades e interés social de la localidad.
El profesional también trabajará de forma directa con la familia del menor para que la integración sea lo más efectiva posible.
Las actividades impuestas por el juzgado son de carácter no remunerado, como medidas alternativas al internamiento, y tienen una duración media en la Región de Murcia de entre 20 y 100 horas.
Los trabajos asignados pueden ser, por ejemplo, de colaboración con entidades para el acompañamiento de mayores o de personas con necesidades especiales, también de participación en actividades culturales y sociales, así como tareas de mantenimiento o limpieza, entre otras.
Con estas acciones se crea una reconciliación entre ambas partes ya que, por un lado, la sociedad permite la recuperación del menor y, por otro, la persona infractora tiene la oportunidad de resarcir lo ocurrido, indican las mismas fuentes.
Todo ello, “sin ningún tipo de estigmatización y en un ambiente totalmente normalizado”.
Los profesionales intervinientes en cada municipio elaborarán un Programa Individualizado de Ejecución de Medidas (PIEM) en el que se recogerán los objetivos que se pretenden alcanzar de acuerdo a las necesidades detectadas en el menor y el tipo de infracción cometida.
Además, tal y como explican las citadas fuentes, en ningún caso las tareas encomendadas alterarán su actividad escolar o laboral y para su ejecución deberán contar con el consentimiento del menor.
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